El Sindicato de Funcionarios Públicos 'Manos Limpias' ha presentado en los juzgados de Madrid una denuncia contra Bárbara Rey por un presunto delito de revelación de secretos después de que 'OkDiario' publicara los comprometedores audios entre la vedette y Juan Carlos I. En esas conversaciones, ella confirmaría que recibió 35 millones de las antiguas pesetas y se podían escuchar confidencias, alguna de ellas relacionada con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. La asociación que ejerce la acusación considera que "no solo se reflejan conversaciones íntimas, sino también conversaciones que afectaban a cuestiones de Estado", por lo que "denuncia unos hechos que podrían ser constitutivos de delito".
Ana Rosa Quintana lanzaba la pregunta este lunes, 14 de octubre, en 'TardeAR' sobre si "esos audios que, según ella, fueron su seguro de vida, podrían crearle un gravísimo problema judicial". Consideran que "la posible malversación de caudales públicos como pago al silencio"sería un delito que ha prescrito y, por ello, apuntan al que le atribuyen a Bárbara, tipificado en el Código Penal con penas que van de uno a cuatro años de prisión, en caso de que fuera admitida a trámite y se demostrara en un hipotético proceso judicial abierto contra ella. El que fuera instructor del 'Caso Asunta', el juez José Antonio Vázquez Taín, explicaba a cámara en el magacín las vicisitudes y dudas alrededor de este asunto.
Las conversaciones de Bárbara Rey sobre el dinero y Juan Carlos I
"Si alguna vez hubo algo que saliera de los fondos yo eso lo desconozco por completo. A mi me robaron todo", decía Bárbara Rey en su conversación con Risto Mejide en 'Viajando con Chester', una entrevista emitida el 14 de febrero de 2023. Esa afirmación choca con la que ha salido a la luz en una de las conversaciones filtradas en 'OkDiario', donde llegaría a hablar de esos pagos: "Un día vino y me dio veinte millones de pesetas porque mi casa salía a subasta. Cuando pasaron cuatro o cinco meses me dio 15". "A lo largo de un año y medio me estuvo dando unas cantidades de dinero para hacer frente a esas deudas y poder seguir viviendo", se podía escuchar también a la actriz, que aseguraba que le "parecía hasta vergonzoso, primero de recibir y segundo de que le faltaba dinero", tal y como repasaba el programa de 'Telecinco'.
Su hijo, Ángel Cristo, arrojaba más acusaciones contra su madre en '¡De viernes!' cuando hablaba de presuntas conversaciones de ella con Mario Conde -el que fuera presidente del Banco Español de Crédito (Banesto) en los años 80- y otras supuestas vías de un hipotético chantaje. "Mario Conde se reunió con ella y lo que sé es que al final se lo contó a la Casa Real. Pensó en varias personas que podrían tener una cuenta pendiente con ellos y llegó a ofrecer material a Jesús Gil", -que fue alcalde de Marbella y presidente del Atlético de Madrid-. En cualquier caso, esos son extremos que no han sido demostrados y desde el punto de vista legal se plantean numerosas dudas, ya que, como veremos a continuación, no es tan sencillo probar la comisión de ese delito y apuntar directamente a un autor.
De la supuesta malversación de caudales públicos a la presunta revelación de secretos de Bárbara Rey
En el escrito de 'Manos Limpias', explican que "la posible malversación de caudales públicos efectuada por los servicios del Estado como pago al silencio obviamente ha prescrito", por lo que denuncian "unos hechos que pueden ser constitutivos de un delito de revelación de secretos", tipificados en el Código Penal en el apartado de vulneración del derecho a la intimidad. El juez José Antonio Vázquez Taín explicaba en el mencionado espacio que, concretamente, "en el caso de la revelación de secretos, nos encontramos con que todavía no sabemos quién es el autor y estamos ante un abanico de posibilidades enorme" y haciendo alusión a la publicación de las imágenes íntimas con el Juan Carlos I y Bárbara Rey como protagonistas en la revista holandesa 'Privé', al hacerse públicas ahora, "rompen la cadena de prescripción".
"Desde el punto de vista jurídico hay que ver en qué términos va esa denuncia y si se admite a trámite o no", explicaba con cautela Cristina Cifuentes, colaboradora del programa, quien recuerda que "en general, los delitos de revelación de secretos son complicados". El "problema verdadero", coincidían en la mesa de análisis, es "grabar conversaciones íntimas", pero también que, "a medida que vamos conociendo detalles, el tema empeora, porque no hay una cosa buena", sostenía la expresidenta de la Comunidad de Madrid. El portal 'Dexia Abogados' explica que este delito está contemplado en los artículos 197 a 201 en el Código Penal, recuerda que el "bien jurídico protegido es la intimidad", que es un derecho fundamental y detalla que hay un "tipo atenuado" el "leve" y el "agravado", pero aquí entrarían otra serie de complejidades, ya que se haría necesaria una "denuncia previa de la persona agravada" y, en este sentido, estaríamos hablando de una presunta "revelación de secretos de Estado", ya que en el escenario de los detalles privados que salen a la luz en las grabaciones, sería el emérito el que tendría que querellarse.