A pocas horas de conocer la sentencia de Daniel Sancho, la especulación se ha convertido en protagonista. El contenido del escrito es todavía una incógnita y no será hasta mañana a las 10 horas cuando se haga pública. No obstante, algunos ya apuntan de forma clara cuál será la pena que marcará un nuevo futuro para Daniel. Es el caso de Marcos García-Montes, abogado de Rodolfo Sancho, quien asegura que “no será condenado a más de 8 años de prisión". Estas polémicas afirmaciones han dado mucho de qué hablar y, de hecho, ponen de manifiesto incluso la posible compra de voluntades. Una actividad fraudulenta que tampoco descarta el abogado de la familia Arrieta.
Uno de los principales temores de la familia Arrieta de cara a la sentencia
Marcos García-Montes daba a conocer hace pocos días y de forma tajante la condena que, según su equipo, le espera a Daniel Sancho. Aunque la defensa del acusado solo contempla dos escenarios posibles, tal vez sus últimas palabras han sido demasiado precipitadas. Según el código penal tailandés, Daniel Sancho podría ser condenado a pena de muerte si se concluye la premeditación del asesinato. Tras las firmes palabras de García-Montes, una de las dudas que se arrojan ahora sobre el proceso judicial de Sancho es la compra de voluntades. De hecho, el abogado de la familia de la víctima no descarta esta opción y ha calificado las palabras de García-Montes como “poco cautelosas”. Después de que la defensa de Sancho hablara de la sentencia, la familia Arrieta teme que el veredicto haya sido comprado para obtener un beneficio en la condena.
Juango Ospina ha mostrado la “preocupación” que han ocasionado estas afirmaciones en la familia de la víctima sobre la que será la condena de Daniel a partir de mañana. “Hemos escuchado al equipo de Daniel decir con contundencia que le van a caer 8 años de prisión a su cliente. Si ellos tienen esta convicción y esta claridad, algo que yo no tengo, me gustaría saber cómo han llegado a esa conclusión y ese es el temor”, sostiene el letrado. Por su parte, Juango Ospina ha señalado que ellos no van a especular. “No es nuestro estilo, no lo hemos hecho antes y no lo vamos a hacer hasta la fecha”, sostiene. “Lo que buscamos es una sentencia justa. Estamos ante un asesinato con premeditación. Si finalmente la sentencia es por homicidio imprudente habrá que analizar por qué el juez llega a esta conclusión y si es fruto de la lógica y valoración de las pruebas o si, por desgracia, hay una especie de mano negra detrás que dios quiera que no exista”, sentencia el letrado en el citado medio.
Juango Ospina también se ha referido a otras posibles actividades fraudulentas en Tailandia durante el proceso judicial del caso. “Yo en este juicio he visto cosas muy extrañas que me han llamado poderosamente la atención, algunas de ellas también se denunciaron a las autoridades locales”, sostiene. Una de ellas fue la imposibilidad de que Sancho declarara el día que se había previsto para ello. “Yo declaré un miércoles, el jueves tenía que declarar Daniel Sancho y, casualmente, ese día no había nadie de su equipo jurídico y se suspende su declaración hasta el martes siguiente”, apunta. El motivo del aplazamiento fue que el aire acondicionado no funcionaba. A pesar de ello, Juango Ospina si llevó a cabo su declaración. “Eso es una excusa para tontos”, defiende el letrado. Además, apunta a otra “cuestión extraña” que se ha encontrado. “Unos testigos que han ido a Tailandia a hablar mal de Edwin. Esto en España podría se run delito de obstrucción a la justicia”, asegura.
Otros argumentos en contra de la posible compra de voluntades
No obstante, algunos colaboradores del programa se han posicionado en contra una posible compra de voluntades. María Jamardo, periodista en ‘El Debate’, asegura que es “complicado” teniendo en cuenta que la sentencia está redactada por un juez y revisada por cinco. “Habría que comprar a seis personas diferentes. Lo veo un poco enrevesado, sobre todo, porque el tratamiento mediático, diplomático y policial que ha recibido este caso no es ajeno. Es decir, no es un español cualquiera en Tailandia acusado de un asesinato premeditado. Es una persona pública a la que se le ha puesto el foco y que ha tenido una serie de privilegios o cuidados”, señala la periodista en el citado medio.
Una vez más, Juango ha aprovechado su intervención en el citado programa para señalar la “distorsión de la realidad” a la que se enfrenta el caso. “La familia Arrieta y nuestro equipo jurídico en Tailandia son bastante escépticos cuando hoy hemos hablado con ellos y les hemos informado de esa 'fake new' donde se decía que se había filtrado la sentencia por parte de nuestro equipo jurídico. La noticia era distorsionar, nuevamente, la realidad de que nosotros ya teníamos la sentencia. Aprovecharon esta oportunidad para decir que se hablaba de pena de muerte, no sé cuál era el fin y el objetivo”, denuncia el abogado de la familia Arrieta.