Última hora del 'crimen de la Guardia Urbana': el motivo por el que Rosa Peral y Albert López vuelven a estar en boca de todos

Cuatro años después de que se conociera la sentencia a Rosa Peral y Albert López, hemos conocido la cantidad que han pagado a la familia de la víctima

Pablo Casal
Pablo Casal

Coordinador digital de Lecturas

Rosa Peral

El 17 de marzo de 2020 Rosa Peral y Albert López eran condenados a cumplir 25 y 20 años, respectivamente, por el asesinato de Pedro Rodríguez, el novio de ella en el conocido como el 'Crimen de la Guardia Urbana' que volvía a alcanzar alta notoriedad hace unos meses tras la serie basada en esos hechos de la plataforma Neflix. Ahora, cuando están a punto de cumplirse cuatro años de esa sentencia, hemos sabido la cantidad que han pagado a la familia de la víctima. 

Una sentencia ratificada

Tal y como decíamos, el 17 de marzo del año 2020 el magistrado Enrique Rovira del Canto dictaba sentencia y enviaba a prisión a Rosa Peral y Albert Pérez por el asesinato de la pareja de ella y que además del cumplimiento de la pena en prisión de 25 y 20 años, respectivamente, para los condenados, se imponía una multa de 880.000 euros en compensación de daños a la familia de la víctima. 

Los ex agentes de la Guardia Urbana de Barcelona presentaron recursos y la causa fue elevada desde el Tribunal Superior de Justicia al Tribunal Supremo, pero una vez allí se volvió a ratificar la condena y no se modificó ningún punto, ya que se consideró totalmente probado el asesinato y también veían motivada la pena impuesta. 

En un primer momento, los entonces acusados intentaron hacer creer a los investigadores y a las autoridades judiciales de la instrucción del caso que el culpable era el exmarido de Rosa, agente del cuerpo autonómico de Cataluña, los Mossos D'Esquadra, pero la sentencia firme de la Audiencia de Barcelona corroboró los indicios y declaró los hechos probados con una condena que incluía esa cantidad para la familia de Pedro.

Ocultación de bienes de Rosa Peral

Pocos días después de que comenzara el nuevo año, en enero de 2024, conocíamos una nueva imputación por ocultación de bienes a Rosa Peral y a su padre, por una supuesta cesión de la casa de la exagente de la Guardia Urbana condenada por el asesinato a su pareja a su progenitor, al que habría regalado la vivienda. 

La jueza citó entonces a declarar a los dos imputados por un presunto delito de alzamiento de bienes tras la querella presentada por la familia de Pedro, tal y como informaba Mayka Navarro. De esta forma, Rosa estaría buscando evitar pagar la cantidad con la que se le castigó en la sentencia. 

La vivienda que habría "donado" a su padre, en Vilanova i la Geltrú, dentro de la provincia de Barcelona, podría ser embargada por las autoridades, así como todas las propiedades de los dos condenados, en caso de que no puedan asumir el pago de la indemnización fijada en la sentencia de 2020, ratificada, como decíamos, por el Tribunal Supremo. 

La irrisoria cantidad que han pagado hasta el momento

Tal y como informa la colaboradora de Lecturas Mayka Navarro en el programa 'Vamos a ver' de 'Telecinco', Rosa Peral y Albert Pérez habrían abonado hasta el momento 1.675 euros, lo que no es ni el 0,002% de la cuantía total impuesta por el juez en la sentencia de 2020 por el asesinato de 2017. 

La colaboradora de nuestra revista ha informado en el programa sobre cuál es la forma de pago que estaría utilizando Rosa desde la cárcel: "Del dinero que recibe mensualmente en la prisión, ella traslada un 20% automáticamente a la familia de Pedro". Según la información del 'Periódico de Cataluña' únicamente se han pagado 1.675. Ella habría pagado 1655 y Albert Pérez solo 20 euros. 

"A fecha del 26 de febrero de 2024 esa sería la cantidad", leía la periodista en su conexión en directo desde la ciudad condal. "Sí me consta que el apartamento de Albert como su moto sí que están embargados desde el primer momento y está pendiente la subasta del piso de Badalona", ha informado.

Además, según Alfonso Egea en el citado programa, el condenado junto a la exagente habría encontrado un trabajo en la prisión en la que cumple condena por una vacante que dejaba un compañero, lo que le proporcionaría una cantidad económica mensual de la que también se podría sustraer el pago de la indemnización.