El juez Pedraz había dictado una orden cautelar para bloquear la aplicación de mensajería instantánea Telegram en España, una decisión tomada a raíz de las denuncias de varios grupos de comunicación como 'Atresmedia', 'Mediaset' y 'Movistar Plus+' y que ha generado una gran polémica a lo largo de todo el fin de semana, con varios '. Ahora, el magistrado da marcha atrás y suspende esa medida a la espera de un informe de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional en el que pueda analizar las consecuencias que tendría su dictamen en los usuarios de la app.
Fin de semana de enfado y confusión en Telegram
Una denuncia de tres grandes grupos de comunicación, - 'Atresmedia', 'Mediaset' y 'Movistar Plus+' -, por el uso de sus vídeos en la aplicación de mensajería instantánea llevaba al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz a dictar una orden cautelar para bloquearla en España. El viernes, 22 de marzo, a última hora de la tarde, saltaba la noticia y las redes sociales se llenaban de mensajes de indignación ante una decisión que el magistrado había tomado tras una demanda en la que se pedían medidas por el contenido alojado y enviado en Telegram.
Muchos de esos contenidos audiovisuales que estaban presentes en chats grupales y que se compartían entre los usuarios, aquejaban los demandantes, están protegidos por derechos de autor y la necesidad de frenarlo les llevó a presentar una demanda. Fue entonces cuando Pedraz actuó con esa medida cautelar y, un día más tarde, la sorpresa fue aún mayor cuando dio un ultimátum, el sábado, para que la red social procediera a la suspensión de recursos en tres horas, ante la negativa de la misma y la supuesta ausencia de respuesta con la información solicitada, según informaba la agencia de noticias Europa Press.
Un día más tarde, el domingo, entrábamos en varias ocasiones para comprobar que todavía había actividad y no se había procedido tras ese plazo exigido por el titular del juzgado Central de Instrucción Número 5. Es más, todavía se estaba compartiendo en las horas previas alguna alternativa y vídeos explicativos publicados en la red social 'TikTok' para evitar la cancelación y poder utilizar la aplicación si finalmente se producía el cierre.
Eran muchos los mensajes de enfado y se comparaba esta situación a la de otros países en los que está vetado el uso de Telegram, como Cuba, Irán, Pakistán, Tailandia o China, aunque esa inhabilitación allí responde a otros motivos, tal y como explican en 'El Confidencial' y en el caso del último de los países de esa reducida lista cuenta con sus propias redes sociales para un mayor control por parte del Gobierno. No es el caso, pero la polémica estaba servida al equiparar una decisión tan drástica a territorios en los que se ha bloqueado por motivos políticos.
El juez Pedraz da marcha atrás y no cierra Telegram
El juez Santiago Pedraz había adoptado esta decisión, tal y como se publicaba en la citada agencia, ante la petición de una medida cautelar, ya que las compañías audiovisuales que habían presentado la demanda la solicitaban mientras continuaba la investigación sobre el uso de esos vídeos protegidos, pero los usuarios veían que se trataba de una resolución desproporcionada e injusta, ya que se trata también de una herramienta de comunicación y también de trabajo para muchas personas en España.
El magistrado habría solicitado información a Telegram y no habría recibido respuesta por su parte, según informaban las fuentes judiciales consultadas por la agencia. Por ello, procedió a dictar la orden cautelar, que tampoco se materializó ni con ese decreto el mismo viernes, ni con el posterior ultimátum del sábado por la tarde. Este lunes, 25 de marzo, lo ha paralizado y ha solicitado un informe a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional.
Lo que pretende encontrar en ese análisis son las características de la aplicación y también valorar las consecuencias que podría tener esta determinación en los usuarios de la misma. Mientras tanto, continúa la investigación y se desconoce si la plataforma ha enviado ya los datos de los usuarios que presuntamente habrían infringido las leyes de propiedad intelectual y por la que Pedraz tomaba esa decisión que era, en sus palabras, "idónea", ya que "su ejecución pondría fin" a esa presunta infracción denunciada y añadía que además contaba "con apoyo legal en el artículo 13.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".