Recibir llamadas comerciales no autorizadas día tras día se ha normalizado entre los usuarios de cualquier compañía telefónica, a pesar de que esta práctica está prohibida por ley. La norma que entró en vigor hace un año pretendía acabar con las llamadas de ‘spam’ no autorizadas. Aun así, no parece que la mayoría de las compañías apliquen la ley. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) estima que el 47% de las llamadas aleatorias e indiscriminadas proceden de operadores de telefonía, el 30% de energía y el 15% del sector financiero.
La problemática situación de las llamadas ‘spam’
Hace un año que entró en vigor la Ley General de Telecomunicaciones que prohíbe a las empresas que comercialicen bienes y servicios a través de llamadas no autorizas conocidas como ‘spam’. La norma es clara y estipula que las compañías no pueden realizar llamadas comerciales a números generados de forma aleatoria sin el consentimiento previo del usuario. Tampoco está permitido llamar a personas incluidas en guías de abonados sin permiso de los propios usuarios para utilizar sus datos con fines comerciales. Además, la ley prohíbe a las compañías ceder los datos personales a otras entidades con fines de comunicación comercial, aunque pertenezcan al mismo grupo empresarial. En cualquier caso, todas estas prácticas requieren de la autorización de los propios consumidores. Algo que, en la mayoría de los casos, no se lleva a cabo. Aun así, los usuarios continúan recibiendo ofertas de las compañías telefónicas a diario. Muchos aseguran que se ha convertido en una “pesadilla”. Según los últimos datos recogidos por la Agencia Española de Proteccicón de Datos, las reclamaciones por llamadas abusivas no autorizadas se han duplicado en el último año.
La asociación de consumidores FACUA ha señalado que 9 de cada 10 personas continúan recibiendo llamadas no autorizadas desde que entró en vigor la normativa el pasado 29 de junio de 2023. Es decir, las compañías telefónicas están vulnerando la privacidad del 98,3% de los consumidores. Según a la encuesta elaborada por FACUA a más de 4.000 usuarios, el 68,1% de los participantes ha recibido más de cinco llamadas comerciales en el último mes lo que supone cinco puntos más respecto a la encuesta anterior. Aunque estas personas han notificado que no quieren volver a recibir ninguna llamada, los teleoperadores han vuelto a ponerse en contacto con ellos para ofrecerles, de nuevo, otros servicios comerciales. Ante el incumplimiento de las compañías con su palabra, los usuarios han desistido por completo. La mayoría cuelgan las llamadas, bloquean los números o, directamente, los ignoran. Además, muchos usuarios inscritos en los sistemas de exclusión publicitaria como la ‘Lista Robinson’ aseguran que también reciben llamadas comerciales no deseadas.
Aunque FACUA alerta de la necesidad de denunciar el abuso de las llamadas de ‘spam’ para frenar a quienes incumplen la ley, solo el 10% sabe cómo hacerlo. Tal y como expone la asociación, las denuncias se pueden interponer ante la Agencia Española de Protección de e Datos (AEPD). Además, FACUA ha solicitado al Gobierno que refuerce el servicio y actúe con más contundencia. Lo mismo ha hecho la OCU, quien ha pedido a la Agencia Española de Protección de Usuarios (OCU) la implantación de más labores de control, vigilancia y las sanciones correspondientes ante el incumplimiento de las normas. Según la Ley General de Telecomunicaciones, las empresas tienen la obligación de informar a los usuarios de la posibilidad de revocar la autorización para recibir llamadas. Algo que, en la mayoría de los casos no se lleva a cabo. El portavoz de la asociación de consumidores FACUA, Rubén Sánchez, ha señalado que “se podrían investigar protocolos de bloqueo de centralitas dedicadas al spam".
Actividades permitidas por la Ley General de Telecomunicaciones
La norma aplicable a cualquier empresa que llame con una numeración fija o móvil asignada en España si permite a las compañías telefónicas hacer uso del tratamiento de los datos personales de usuarios en ciertos supuestos muy concretos. Según la Ley General de Telecomunicaciones, está permitido dicho tratamiento siempre y cuando exista una relación contractual previa. Además, el responsable debe de obtener los datos de contacto del destinatario de forma lícita, autorizada y se pueden usar, en este caso, para comunicaciones comerciales similares a los que fueron objeto de contrato del cliente. En esta misma línea, la normativa también permite a las compañías contactar con los usuarios para la renovación de productos o servicios previamente contratados. Tal y como recoge la ley vigente, es lícito el tratamiento de los datos autorizados de las personas físicas que presten servicios en una persona jurídica, empresarios individuales y profesionales liberales. Además, las empresas pertinentes podrán realizar el tratamiento de los datos personales de los usuarios finales si es necesario para la satisfacción "de intereses legítimos" y siempre que sobre los mismos "no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño".