El incremento de pisos dedicados exclusivamente al turismo se ha convertido en un problema en muchas zonas del país. Ya son varias las ciudades que se asfixian entre viviendas y servicios que solo se dedican a los turistas y dejan de lado a los residentes locales de, prácticamente, toda la vida. De hecho, en algunas zonas, las viviendas dedicadas al turismo han superado más del 90% y podría incumplir la normativa, según alerta el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. La secretaria general de Consumo, Bibiana Medialdea, ya señaló que esta situación se está investigando. "Desde el Ministerio hemos enviado requerimientos de información a plataformas de alquiler turístico porque hemos tenido la evidencia de que hay datos oficiales de incumplimientos muy altos dentro del parque de alquiler turístico", señaló.
Cambio de modelo en alojamiento
Como consecuencia de esta problemática situación, el Ayuntamiento de Barcelona ha tomado una tajante decisión y pondrá fin a los pisos turísticos de la ciudad. Así lo ha anunciado el alcalde Jaume Collboni, tal y como ha adelantado el diario ‘La Vanguardia’. Según el nuevo decreto de la Generalitat, el Consistorio extinguirá en noviembre del año 2028 las 10.101 licencias que existen a día de hoy en la ciudad. Los motivos que han llevado al alcalde a tomar esta decisión son evidentes. Collbnoni asegura que el precio del alquiler en Barcelona se ha incrementado alrededor de un 70% en los últimos diez años. Lo mismo le ha ocurrido al coste de compra de viviendas que se sitúa en torno a un 40% más caro que hace una década.
Esta situación se ha convertido en los últimos años en un problema para los ciudadanos que pretenden acceder a una vivienda con un precio digno. Sobre todo, es una dificultad a la que se enfrentan los más jóvenes que pretenden independizarse. Para muchos de ellos, esta posibilidad es prácticamente nula ante los elevados precios de la vivienda. Por ello, el Ayuntamiento de Barcelona ha tomado la importante decisión de acabar con los pisos turísticos. “No podemos permitir que la mayor parte de la gente joven que quiera marcharse de su casa tenga que marcharse de Barcelona”, defiende el alcalde Jaume Collboni. Esta medida es crucial para transformar el panorama del alojamiento en la capital catalana que no solo beneficiará a los más jóvenes sino, también, al resto de ciudadanos. "La ciudad no puede permitirse una cifra tan elevada de pisos turísticos en un contexto en el que la dificultad de acceso a la vivienda y los efectos negativos de la masificación turística son evidentes y compartidos", señala el alcalde de la ciudad. Por otro lado, la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) ha acusado a Jaume Collboni de "condenar a la ciudad a la pobreza y el paro". La patronal y la representante de unas 350 empresas y propietarios del sector defiende que "los pisos turísticos son un 0,77% del total de la vivienda de Barcelona".
En esta línea, el presidente de la patronal Enrique Alcántara ha señalado que la medida no solucionará el problema de la vivienda. Además asegura que, con la entrada en vigor de la normativa, la ciudad se llenará de alojamientos turísticos ilegales. Aunque la situación no será distinta de forma inmediata, esta novedad en el modelo de alojamiento plantea nuevos cambios de cara a los próximos años. “Esta medida no cambiará la situación de un día para otro. Estos problemas requieren de tiempo, pero con esta medida estamos marcando un punto de inflexión”, ha justificado el alcalde. En respuesta a Jaume Collboni, la primera teniente de alcalde y responsable del área de Urbanismo Laia Bonet ha detallado que, desde la aprobación del PEUAT de 2016, se han impuesto 10.500 sanciones y 9.700 órdenes de cese a pisos ilegales turísticos.
Más modificaciones
Además, el alcalde de Barcelona ha anunciado que el Ayuntamiento modificará la media que obliga a los constructores a destinar a vivienda social el 30% de cada promoción que levanten. Es la conclusión a la que han llegado después de que la medida diseñada en el anterior mandato de 2018 generara apenas 98 viviendas Asequibles. Por ello, asegura que debe ser revisada. “Lo que planteamos es que los promotores puedan transferir estas viviendas protegidas a otros solares y también abrir la puerta a que sea un promotor social el encargado de ejecutar estas viviendas”, defiende Collboni.