La reina Isabel II ha recibido una muy buena noticia relacionada con el príncipe Felipe. El tribunal de apelación de Reino Unido se ha pronunciado este viernes 29 de julio para dejar claro que el testamento del duque de Edimburgo seguirá blindado y permanecerá en secreto durante los próximos 90 años, tal y como dictó el pasado septiembre la División de Familia del Tribunal Superior, pese a que el diario ‘The Guardian’ había apelado esta decisión.
Para el medio británico, la celebración de aquella audiencia en privado fue la “interferencia más grave de la justicia pública”. Sin embargo, tres jueces han apoyado ahora esta sentencia al argumentar que no podían visualizar cómo se podría haber alertado a los medios sobre el hecho de que la audiencia se estaba llevando a cabo “sin arriesgarse a la tormenta mediática que se temía”.
Además, en la sentencia han querido mostrar el apoyo a la casa real británica al asegurar: “La audiencia fue en su momento sumamente sensible para la soberana y su familia, y esos intereses no se habrían protegido si se hubieran informado en audiencias prolongadas en la prensa en lugar de una sola ocasión en la que se explicaron las razones completas de lo que se había hecho”.
Además, los jueces han dejado claro que se trata de un caso con unas circunstancias “excepcionales” y que, aunque “es cierto que la ley se aplica por igual a la familia real, eso no significa que la ley produzca los mismos resultados en todas las situaciones”.
Para el tribunal, “la falta de transparencia percibida puede ser un tema de debate público legítimo, pero las reglas de las sucesiones no contenciosas permiten que los testamentos y sus valores se oculten de la mirada pública en algunos casos”, por lo que consideran que se “aplicó correctamente la prueba legal en este caso”. Por ello, han decidido desestimar la apelación: “No estamos seguros de que haya un interés público específico en saber cómo se distribuyen los bienes de la familia real”.
Fue en junio de 2021, tres meses después de su fallecimiento, cuando se solicitó, como es tradición en la familia real británica, sellar el testamento del príncipe Felipe de Edimburgo. En septiembre, el juez decidía blindarlo con el objetivo de proteger a Isabel II.