Última hora del caso Íñigo Errejón: la defensa del expolítico ve "estrafalario" que la acusación pida imputarle un nuevo delito

La batalla está servida. Antes de la procesiones tradicionales de la Semana Santa había otra en el terreno judicial, hace exactamente una semana. Íñigo Errejón (41 años) y Elisa Mouliaá (36) estaban llamados a acudir a los Juzgados de Plaza de Castilla para entregar sus teléfonos móviles.

El magistrado instructor de la causa abierta contra el expolítico por presunta agresión sexual solicitaba a la denunciante y el investigado que se personaran en el Juzgado de Instrucción número 47 para dejar sus dispositivos y proceder a un volcado de conversaciones que permita arrojar luz en esta fase del proceso.

La actriz hizo los deberes, pero el exportavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados volvió a negarse y se aferraba a un nuevo recurso, ya que considera que podría vulnerarse su derecho a la intimidad si se procede a la lectura de los mensajes por esta vía.

La acusación popular presentaba el mismo viernes, 11 de abril, una solicitud por la que se pedía formalmente la imputación de un nuevo delito por desobediencia judicial, algo que la defensa de Errejón considera "estrafalario", mientras acusa a la otra parte de tener "fines mediáticos". El juez Adolfo Carretero todavía no ha tomado una decisión al respecto.

La defensa de Errejón, en desacuerdo con la última solicitud de la acusación

Para la acusación popular en la causa, se había dado un "rosario de excusas, zancadillas y obstáculos" previo a la entrega del teléfono móvil. Así lo definía Jorge Piedrafita en la revista Lecturas mientras avisaba de las consecuencias que podía tener una nueva negativa de Íñigo Errejón a colaborar con el volcado de conversaciones en la instrucción de la causa.

El abogado no tenía claro que esta vez sí el expolítico acudiera con la voluntad de dejar su dispositivo, pero advertía que, de no ser así, se tomarían "medidas coercitivas". Dicho y hecho. Cuando se confirmaba que no iría a los Juzgados de Plaza de Castilla a las 10 y media de la mañana del pasado viernes, -día y hora de su citación-, la Asociación Defensa Integral Víctimas Especializada actuaba en consecuencia.

Tras presentar la solicitud de ampliar los cargos contra el exportavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados por presunta desobediencia judicial, su defensa ha reaccionado y considera "estrafalario" que la acusación en la causa pida imputarle a su cliente un nuevo delito. Además, les acusan de tener "fines mediáticos", tal y como recoge el diario 'La Razón'.

Los derechos a los que se acoge Íñigo Errejón

El proceso judicial abierto contra Íñigo Errejón todavía está en fase de instrucción, a la espera del volcado telefónico y las declaraciones de nuevos testigos el próximo 20 de junio en los Juzgados de Plaza de Castilla. En condición de investigado, el juez Adolfo Carretero todavía no le ha imputado ningún delito, dado que todavía estamos en plena instrucción del caso.

Con todo y con eso, la defensa del que fuera fundador de Podemos se acoge a una serie de derechos por los que considera que su cliente no ha desobedecido a la justicia al no entregar su teléfono móvil el pasado viernes en sede judicial.

Son, para ellos, "derechos irrenunciables que le amparan", por lo que no ven que exista "ninguna obligación" de cumplir con esa petición del magistrado, a pesar de que se haya aclarado que no se va a vulnerar la intimidad del expolítico ni de Elisa Mouliaá, ya que únicamente se revisarán las conversaciones entre ellos.

La Unidad Central de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional pretende analizar esos mensajes que se habrían intercambiado, verificar que no se ha borrado ninguno a lo largo de todo este tiempo y probar la autenticidad de los pantallazos que hayan podido mostrar las partes como prueba de su versión de los hechos.

Íñigo Errejón y una "prueba muy importante" que no termina de llegar

El juez instructor de la causa, Adolfo Carretero, considera que el volcado de los teléfonos puede poner sobre la mesa una "prueba muy importante" y "esencial", pero mientras las providencias sean recurribles, no parece que Íñigo Errejón vaya a ceder fácilmente.

Por un lado, el magistrado tendrá que responder al recurso de la defensa y, por otro, a la solicitud que hacía la acusación popular y que podría llevar a una ampliación de cargos contra el exportavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, que por el momento se enfrenta a la investigación por presunta agresión sexual a Elisa Mouliaá.

Sobre los "fines mediáticos", la actriz y su equipo legal ya han dejado claro que no hay ningún interés más allá del de ratificar lo denunciado y demostrar en sede judicial que los hechos se dieron tal y como lo narró Elisa Mouliaá ante Carretero el 16 de enero de 2025, cuando declaró en los Juzgados de Plaza de Castilla.