Hace tiempo que el caso de la Guardia Urbana de Barcelona ha pasado a ser conocido como el caso de Rosa Peral. La mujer, ex policía municipal y condenada a 25 años de prisión por el asesinato del que era su pareja, Pedro Rodríguez, no deja de protagonizar sórdidas historias que traspasan los muros de la prisión en la que cumple sentencia. Esta vez ha vuelto a contar, presuntamente, con la colaboración de su padre, Francisco Peral, un hombre que en su momento no tuvo reparos en mentir a los Mossos d’Esquadra cuando investigaban la muerte de Pedro Rodríguez. Aquella mentira, asegurando que había estado con la víctima cuando ya había sido asesinado, casi le cuesta una imputación judicial que esta vez no ha podido evitar.
Atención asegurada
El próximo 24 de enero, Rosa Peral abandonará durante unas horas la prisión de Mas Enric de Tarragona para declarar ante la titular del juzgado número 5 de Tarragona. La magistrada ha imputado a la mujer y a su padre por alzamiento de bienes. Ambos comparecerán en sede judicial a las once de la mañana y la presencia de medios de comunicación está garantizada porque Rosa Peral sigue creando una expectación mediática excepcional. Una atención que ella misma criticaba en el documental ‘Las cintas de Rosa’, en el que concedía una entrevista por videollamada desde el centro penitenciario criticando a los que la definen como una mujer fría y calculadora, a la que nada y nadie detiene en la búsqueda de sus objetivos. Un trabajo, en parte, en el que la condenada insistía en no ser más que una víctima a la que los medios de comunicación y la sociedad habían tratado de manera sexista y misógina.
Cesión sospechosa
Los familiares de Pedro Rodríguez presentaron una querella contra Rosa y su padre al considerar que realizó movimientos financieros con tal de evitar asumir su parte de responsabilidad civil que le fue impuesta en la condena por asesinato. La jueza considera que hay indicios de delito de alzamiento de bienes en la actuación de la condenada al haber donado a su padre su parte de la casa de Vilanova i la Geltrú de la que era propietaria para así no tener que indemnizar a los familiares de la víctima.
Rosa Peral compartía la propiedad de la vivienda junto con su exmarido y padre de sus dos hijas, Rubén, y transfirió el 50 % de la titularidad a su padre pocos días antes de que el Tribunal Supremo confirmase la condena de 25 años que le había impuesto en primera instancia la Audiencia de Barcelona por el asesinato de Pedro Rodríguez. El padre de la acusada también ha sido imputado por participar del mismo plan para ocultar el patrimonio de la hija.
Seis días antes
La sentencia de la Audiencia de Barcelona que fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y luego por el Tribunal Supremo condenaba a Peral y al otro condenado, Albert López, a pagar 885.000 euros de forma conjunta a los familiares de la víctima, de los cuales 450.000 corresponden al hijo menor de edad del fallecido. En caso de no disponer de dichos fondos, se embargarían sus propiedades hasta alcanzar la cantidad reclamada. Sin embargo, Rosa Peral antes de que la sentencia fuera firme, en concreto solo seis días antes de que el Tribunal Supremo se reuniera para la votación y el fallo del recurso, convocó a un notario a la prisión de Mas Enric en Tarragona, en la que está reclusa, para proceder a la donación de la propiedad a su padre. De esta manera pasaba a ser insolvente y quedaba exenta de abonar la indemnización al hijo, la exmujer, el hermano y el padre de Pedro Rodríguez. Según consta en el registro de la propiedad, el cambio de titularidad de la vivienda se hizo el 17 de julio de 2021. Seis días más tarde, el 23 de julio, estaba convocada la votación y el fallo del recurso de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
No quería ir al juzgado
“Existe una coincidencia casi exacta de la fecha de la donación de la mitad indivisa del inmueble por parte de la querellada con la prevista para la resolución del recurso de casación y la inminente firmeza de la sentencia”, señala la querella. Además de la vivienda, Rosa Peral también transfirió a su padre un coche. En concreto, un Mitsubishi Colt Cabrio que luego Francisco Peral vendió a un vecino de Cubelles. La abogada de Rosa Peral, Núria González, pidió al juzgado que su clienta pudiera declarar desde la cárcel, petición que le fue denegada y de ahí que el próximo 24 de enero sea excarcelada y viaje custodiada por los Mossos d’Esquadra a los juzgados de Tarragona.
"Macabra prueba de amor”
El delito de alzamiento de bienes está castigado con penas de hasta cuatro años de cárcel. El procedimiento se seguirá instruyendo y podría derivar en un juicio. En caso de una hipotética condena se añadiría a la condena de 25 años que Peral se encuentra cumpliendo. A diferencia de Peral, Albert López, condenado a 20 años por los mismos hechos, sí puso a disposición del juzgado el piso del que era propietario en Badalona que será subastado en los próximos meses.
Desde que fue detenida en mayo de 2017 por el crimen del que era su pareja en ese momento, esta es la cuarta causa judicial penal que se abre contra Rosa Peral. La primera fue la del asesinato de su novio junto a Albert López por la que ambos fueron condenados a 25 y 20 años de cárcel, respectivamente. La Audiencia de Barcelona consideró que ambos trazaron un plan para acabar con la vida de Pedro Rodríguez y volver a estar juntos. “Fue una macabra prueba de amor”, sostuvo el fiscal, Félix Martín, durante el juicio. El móvil del crimen era librarse de Pedro, retomar la relación con Albert, colgarle el muerto a su exmarido y quedarse con la custodia de sus dos hijas. Mientras se investigaba este crimen, al rebuscar en el pasado de los dos condenados, la justicia se topó con un incidente en el que Peral y López se habían visto implicados y que se determinó que había sido cerrado de malas maneras. Se trataba de la muerte de un vagabundo en la montaña de Montjuïc de Barcelona en abril de 2014. La justicia reabrió el caso, citó a declarar como imputados a los dos ex guardias urbanos pero finalmente el caso no avanzó y quedó nuevamente archivado ante la indignación de la familia de la víctima que siempre defendió que el hombre fue arrojado al vacío maniatado por uno de los dos policías.
Sigue negando su culpa
Con el tiempo, otro juzgado, esta vez de El Vendrell, la imputó por querer contratar desde la prisión los servicios de un sicario para matar a su exmarido. El juzgado citó a declarar a las internas de la prisión de Wad Ras de Barcelona con quien supuestamente Peral había intentado contactar con un asesino a sueldo. Finalmente la investigación tampoco avanzó y quedó en la palabra de unas contra la de Peral y nuevamente acabó en nada.
La cuarta causa judicial es esta en la que se acusa a Rosa Peral y a su padre de evitar asumir su parte de responsabilidad civil tras el crimen de Pedro Rodríguez. La mujer siempre ha negado su participación en el crimen, del que responsabiliza en exclusiva a Albert López, dejando para ella un papel de víctima que fue obligada por miedo a limpiar el escenario del crimen y participar en hacer desaparecer el cadáver en el pantano de Foix, donde abandonaron el coche con la víctima en el maletero y le prendieron fuego. Para evitar el pago de la responsabilidad civil, Peral habría vuelto a contar con la ayuda de su padre, a quien colocó de titular de la mitad de la casa de Vilanova i la Geltrú, escenario del crimen, y del coche de la víctima. Durante la investigación del caso, en los primeros días, el padre mintió a los Mossos d’Esquadra. Aseguró haber estado en casa de su hija y haber visto y saludado a Pedro cuando ya estaba muerto. Después reconoció haber mentido porque se lo había pedido su hija. Una mentira que permitía a la acusada ganar 24 horas en el diseño de la coartada que había preparado con Albert López, para hacer creer a los investigadores que la desaparición de Pedro Rodríguez estaba relacionada con la pésima relación que la víctima tenía con el exmarido de Rosa y padre de sus dos hijas.
La ética del notario
Más allá de la posible responsabilidad penal de Rosa Peral y de su padre, Francisco, hay dos elementos que no han pasado desapercibidos en este caso. Uno, la ética del notario que entró a verla en prisión y que aceptó participar en la jugada de Rosa Peral de cambiar la titularidad de su propiedad. Y dos, no deja de sorprender que el tribunal no fuera precavido y, como se hace en otros procedimientos similares, blindara la titularidad de los bienes de la mujer desde el momento en el que fue condenada. De esta manera se hubiera evitado ese cambio de nombre en las propiedades que otro tribunal, esta vez una jueza de Tarragona, tiene que deshacer para que su valor sea destinado a quien corresponde, la familia de la víctima.