Cinco días le ha costado a Dani Alves reunir el millón de euros que la Audiencia de Barcelona le impuso como fianza para salir en prisión provisional. Tras un fin de semana de intensas reuniones presenciales y telefónicas, la defensa del futbolista, condenado a cuatro años y medio de prisión por violación, el lunes logró finalmente consignar el dinero en una cuenta del tribunal que le condenó y ahora ha dejado en libertad provisional mientras se resuelven los recursos que las partes han presentado contra la sentencia. A las cinco de la tarde, el jugador abandonó la prisión caminando serio al lado de su abogada.
Alves salió con lo puesto después de regalar a los compañeros de módulo todas las pertenencias, básicamente piezas de ropa deportiva, que ha utilizado estos últimos 14 meses. A las doce del mediodía, el tribunal firmó el auto de libertad en el que fija los viernes como el día que el jugador deberá firmar semanalmente en la Audiencia de Barcelona. Antes, su letrada había entregado los dos pasaportes en el juzgado. El miércoles 20 de marzo, la Audiencia de Barcelona hizo público el escrito de libertad condicional que no fue unánime, ya que contó con el voto particular de uno de los tres magistrados que se opuso a la salida. Sin querer, el tribunal no hizo más que reflejar la opinión dividida de la sociedad española. Estos últimos días, desde tertulianos a compañeros de trabajo, en reuniones de amigos o en las charlas de jueces, fiscales y abogados, se exponían criterios para defender una u otra postura.
El anuncio de la puesta en libertad provisional de Alves volvió a ser noticia de portada y abrió informativos de radio y televisión. La primera en reaccionar fue la víctima a través de su abogada, Ester García. Siempre que se escribe de Dani Alves, y aquí no será una excepción, hay que recordar que en esta historia hay una víctima, una mujer que tenía 23 años cuando la madrugada del 31 de diciembre del 2022 accedió al baño de un reservado de la discoteca Sutton de Barcelona y fue violada por el brasileño, al que había conocido aquella noche. El tribunal condenó al hombre a cuatro años y medio de prisión, y aunque la sentencia no es firme, por el momento, los hechos probados son que en aquel espacio a puerta cerrada las relaciones sexuales se realizaron sin consentimiento, con violencia y por la fuerza. Ester García admitió lo difícil que le había resultado explicar en términos jurídicos a la víctima que Alves abandonaría la prisión. “Su puesta en libertad es un escándalo jurídico y se envía el terrible mensaje a la sociedad de que hay una justicia para ricos”.
El tribunal tenía argumentos tanto para dejar en libertad provisional a Alves como para mantenerle en prisión. Y libertad. ¿Cómo defienden la medida? Entienden que el riesgo de fuga del jugador, empadronado en Barcelona, “se ha aminorado”. Aún así, consideran que “persiste cierto riesgo de fuga” y por eso le han impuesto unas medidas cautelares para evitar que se marche de España mientras se resuelven los recursos.
Alves pidió hablar
Además de abonar ese millón de euros que podrá recuperar al final del proceso, los magistrados le ordenaron que entregara los dos pasaportes, el español y brasileño, y le advirtieron de la prohibición de abandonar España y la obligación de comparecer, una vez por semana, en la Audiencia de Barcelona donde deberá firmar. Para proteger a la víctima, los jueces le han prohibido acercarse a menos de un kilómetro o comunicar- se con la mujer.
La resolución se firmó apenas un día después de que se celebrara la vista en la que la abogada del jugador, Inés Guardiola, pidió su puesta en libertad provisional con el argumento de que ya ha cumplido una cuarta parte de la pena y de que no pensaba marcharse. De hecho, el propio Alves quiso hacer uso de la última palabra y por videoconferencia desde la prisión de Brians 2 se dirigió al tribunal: “Creo en la justicia, no huiré”.
En esa misma vista, tanto la fiscal Elisabeth Jiménez como Ester García se opusieron a la medida con el argumento de que el hombre dispone de medios para huir. Unos argumentos que tras la puesta en libertad han vuelto a utilizar en unos recursos presentados en los que solicitan que Alves vuelva a ser encarcelado.
En España la prisión provisional solo puede imponerse por tres motivos: riesgo de reiteración delictiva, riesgo de destrucción de pruebas o riesgo de fuga. Este último es el que hasta ahora ha justificado que permaneciera en prisión. Una capacidad económica, tanto suya como la de su entorno familiar y de amistades.
Dio tres versiones
El 20 de enero de 2023, la jueza de instrucción de Barcelona que investigó el caso tras la denuncia de la joven ordenó su ingreso en prisión provisional sin fianza tras escucharlo en una declaración caótica, en la que incurrió en numerosas contradicciones. El futbolista dio hasta tres versiones de lo ocurrido en la discoteca: primero dijo que no conocía a la denunciante; después, que la vio, pero no pasó nada, y finalmente, que la chica le practicó una felación. No fue hasta tres meses más tarde, en uno de sus fracasados intentos de salir de prisión antes del juicio, cuando asumió que había habido penetración. Pero, que se trató de una relación sexual consentida, argumento que defendió durante el juicio y mantiene en el recurso contra la sentencia.
Alves no logró quedar en libertad por riesgo de fuga antes del juicio y por el hecho de que las acusaciones solicitaban para él altas penas, nueve años la Fiscalía y doce la víctima. Ahora dos de los tres magistrados concluyen que el riesgo de fuga “se ha aminorado” y que, aunque existe, “puede ser contrarrestado con otras medidas”. Recuerdan, de entrada, que la pena impuesta por ahora es de cuatro años y me- dio de cárcel y que Alves ya ha cumplido “14 meses”. Legalmente, esa situación se podría prorrogar, como mucho, ha ta la mitad de la pena impuesta y es justo lo que defiende el tercer magistrado en su voto particular, que agote el tiempo. Sin embargo, sus compañeros admiten que ni para entonces la sentencia será firme y que el proceso puede durar años.
La situación del jugador
La resolución asume que Alves tiene “un fuerte arraigo en Brasil”, donde vive gran parte de su familia, incluidos sus dos hijos. Pero también subraya que los lazos del futbolista con el extranjero, especialmente los empresariales, se han ido rompiendo. El club en el que jugaba hasta su detención, el Pumas de México, rescindió unilateralmente su contrato cuando ingresó en prisión provisional; lo mismo ocurrió con “otros tantos contratos de patrocinio y publicidad”, una “fuente de ingresos de la que en este momento se ha visto privado”. Y así se ha demostrado en los últimos días ante las serias dificultades para conseguir el dinero.
Los magistrados subrayan que el jugador “está empadronado en Barcelona”. De hecho posee y paga una hipoteca de una vivienda en Esplugues de Llobregat, donde actualmente vive su mujer, la modelo Joana Sanz. También valoran el hecho de que, en enero de 2023, se desplazara voluntariamente a España para acudir a un encuentro con los Mossos d’Esquadra cuando tuvo conocimiento de la denuncia.
Y ¿por qué un millón de euros? Para fijar la fianza, los magistrados han tenido en cuenta que Alves ha tenido una “dilatada carrera futbolística como figura de élite mundial”, que le ha permitido obtener “elevadas sumas de dinero”. Aunque sus fuentes principales de ingreso “hayan desaparecido”, y aunque se desconoce cuál es su patrimonio real en estos momentos, los magistrados presumen que disfruta de “una situación de holgada solvencia económica”. Y recuerdan que está pendiente de recibir una devolución de la Agencia Tributaria que supera los nueve millones de euros. De hecho, el mismo miércoles que se concedía la libertad provisional, Hacienda le informaba del pago de seis de los millones que le debe. Un abono que requiere unos trámites hasta hacerse efectivo y que su equipo utilizó como aval para conseguir el millón de euros de la fianza en bancos y prestamistas.
Pero decíamos que uno de los tres magistrados se opuso con un voto particular a la puesta en libertad. Se trata del magistrado Luis Belestá, partidario de prorrogar la situación de prisión provisional. En su opinión, los argumentos que llevaron a acordar esa medida “no solamente se han confirmado, sino que se han reforzado” tras la sentencia condenatoria, cuya pena puede verse aumentada si prosperan los recursos de la Fiscalía y de la acusación particular. El magistrado recuerda que todas las secciones penales de la Audiencia de Barcelona “han ratificado decisiones de prorrogar la prisión provisional” en ese supuesto “incluso de penas inferiores” a la impuesta a Alves. Y advierte de que las posibilidades de condena del jugador no ha variado, puesto que la Fiscalía sigue pidiendo nueve años de cárcel. El juez recuerda que en casos del mismo tipo se han visto incrementadas las penas impuestas en primera instancia. Por eso, sostiene el juez, existe el riesgo más que fundado de que el acusado pueda huir y “más cuando el tribunal no ha aceptado su versión de los hechos”.