Con sus padres en casa, sana y feliz”. Esas fueron las palabras que Anabel Pantoja publicó en su perfil de Instagram tras recibir el alta de su bebé que permaneció 18 días hospitalizada, con algunos momentos especialmente complicados ante el pronóstico crítico de la pequeña.
No fueron unas palabras elegidas al azar. La madre y el padre, David Rodríguez, habían sido citados días antes a declarar a un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria donde se les tomó declaración como investigados, por un presunto delito de maltrato infantil. Ambos acudieron a las dependencias judiciales acompañados de un abogado y prestaron declaración. Respondieron a todas las preguntas que les formularon tanto el juez, especializado en violencia contra la infancia y la adolescencia, como el fiscal y el abogado de la pareja. No debió ser una declaración fácil. Anabel y David se presentaron separándose por primera vez de su hija que en ese momento todavía permanecía hospitalizada en la UCI.
El juez les explicó que dos informes médicos, el de los pediatras del hospital que atendieron a su pequeña de urgencias y otro de un forense a petición del propio magistrado, firmaron sendos partes que planteaban dudas sobre el origen de las lesiones que presentaba la menor. De ahí que les pidió que explicaran qué había sucedido los días anteriores al traslado de la bebé al primero de los dos centros médicos que visitó.
Acallar noticias falsas
El día que Anabel y David abandonaron el hospital con su hija en brazos, ya eran conocedores de que la información sobre la investigación por presuntos malos tratos era del dominio de algunos periodistas especializados en información judicial de Canarias. Y así fue como el jueves 30 de enero el redactor de tribunales de Canarias 7, Francisco José Fajardo, detalló en una crónica la investigación judicial. Una información que a las pocas horas fue confirmada por el gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que, tras un intenso debate interno, optó por poner un dique a los rumores y falsas noticias que empezaban a circular de manera desbocada, emitiendo una nota en la que se midió cada una de las palabras.
Un comunicado que algunos criticaron al entender que puso el foco en los padres y que se vulneraron los derechos de una menor, pero que los periodistas especializados en información judicial y los responsables de comunicación de estos organismos defienden. “Antes de que la oficina de comunicación del TSJC difundiera su comunicado, se habían publicado ya en varios medios informativos hasta siete comunicaciones extraoficiales referentes al paso de los investigados por el juzgado”, explicaron en el gabinete de comunicación.
Una reacción rápida
El citado comunicado detallaba que “la intervención de la Justicia está motivada por el envío de un parte de lesiones del centro médico al juzgado de guardia, sobre el estado de la menor, fechado a 17 de enero”. En otras palabras, el equipo médico que atendió a la menor entendió que había lesiones que les generaban dudas. En el vídeo, para algunos desafortunado, que Anabel subió en Instagram a las pocas horas de recibir el alta, explicó que “todo” empezó porque su hija sufrió “una crisis puntual”, sin entrar en detalles. “Nosotros reaccionamos como padres y nos vamos directamente al hospital”. Y justificó el inicio de la investigación: “Hay un protocolo porque el menor tiene muchísima protección, cosa que nos encanta y admiramos. Los médicos pasan el parte porque es un protocolo rutinario de una bebé de 40 días”.
Lo que obvió Anabel en su explicación es que no hay un protocolo rutinario que determine que hay que remitir al juzgado de guardia todos los informes con lesiones sufridas por un bebé de corta edad. Sí es obligación del centro médico, y así lo determina el código ético y deontológico de los médicos, dar parte al juzgado de guardia siempre que existan indicios de maltrato infantil o de negligencia.
Los artículos 15 y 16 de la Ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI) así lo determina con claridad. El artículo 15 dice textualmente: “Toda persona que advierta indicios de una situación de violencia ejercida sobre una persona menor de edad está obligada a comunicarlo de forma inmediata a la autoridad competente”. Y en el artículo 16 este supuesto se amplía: “Es especialmente exigible a aquellas personas que, por razón de su cargo, profesión, oficio o actividad, tengan encomendada la asistencia, el cuidado, la enseñanza o la protección de niños”. Y eso va dirigido especialmente a los médicos y personal docente.
Sin medidas cautelares
Cuando el juez de guardia recibe el informe, tiene varias opciones. Archivar directamente o pedir otro parte a un médico forense para que realice una nueva inspección al menor. Y eso es lo que hizo el titular del juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria cuando el 17 de enero recibió el parte con las lesiones del bebé de Anabel y David. Tres días después abrió la investigación y solicitó ese nuevo informe a los forenses del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas que se trasladaron al hospital y examinaron a la bebé.
El nuevo parte ratificó el anterior de sus compañeros y dictaminó, nuevamente, que las lesiones detectadas a la pequeña y que provocó su ingreso en el hospital, pudieron haber sido causadas presuntamente por alguien, tanto por sus progenitores o por una tercera persona. Con esos dos informes sobre la mesa, el magistrado citó a declarar a los padres el 27 de enero. Comparecieron por separado. Ella estuvo cuatro horas; él dos. Ambos explicaron todo lo que hicieron las horas previas a la visita al primer centro médico y negaron haber maltratado a su hija.
Unas explicaciones que debieron convencer tanto al magistrado como al fiscal que no solicitó ninguna medida cautelar. El juez dejó a los padres regresar con su hija al hospital. Pero les advirtió de que la investigación seguía abierta y que debían estar localizables. La propia Anabel en ese vídeo grabado con su hija ya en casa, aseguraba que colaboraba y colaboraría en todo lo que fuera necesario.
En cualquier caso, hay un dato en esta historia que no se le escapa a ninguno de los especialistas en la lacra de los maltratos infantiles. Y es que, tras esa declaración judicial, Anabel y David regresaron con su hija al hospital y pudieron llevársela días después a casa, donde siguen pendientes de ella. Es impensable que el juez hubiera permitido que la bebé siguiera bajo la tutela de sus progenitores si el magistrado o el fiscal tuvieran sospechas de malos tratos o negligencia en su actuación.
Indicadores de sospechas
Las abogadas de la pareja, Irene Sorribas y Mercedes Ruiz Rico, expertas en derecho al honor y la intimidad, aseguraron a la revista Hola que “las informaciones que se están publicando son inadmisibles. Hay que proteger, sobre todo, el interés de una menor”. En su vídeo, Anabel aseguró haber recibido el apoyo de muchos padres que habían pasado por la misma situación judicial que ellos.
Los hospitales aplican un protocolo de actuación del Ministerio de Sanidad que lleva por nombre “Algoritmo de actuación sanitaria frente a la violencia en la infancia y adolescencia”, elaborado en el 2023. La detección de una posible situación de violencia hacia el menor se hace con unos “indicadores de sospecha”. El documento señala que identificar una posible situación de maltrato “no siempre es fácil” y alude a la posibilidad de que “las lesiones compatibles con maltrato pueden deberse a otras causas que conviene descartar mediante un adecuado diagnóstico diferencial”.
La notificación, según el procedimiento de Sanidad, debe hacerse al “juzgado, fiscalía o forense” con un “parte de lesiones”, como el citado en el comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Gran Canaria. Desde la consejería de Sanidad del gobierno canario advierten también de que el protocolo coordinado tanto sanitaria como institucionalmente se activa únicamente cuando hay presencia de indicadores, signos, síntomas o indicios de situaciones “que pudieran sugerir algún tipo de violencia”. Ahora, el juzgado de la capital grancanaria se ha inhibido a uno del partido judicial de San Bartolomé de Tirajana, donde se habrían producido los presuntos hechos que se siguen investigando.
La última diligencia solicitada por el juzgado ha sido solicitar el visionado de las cámaras de seguridad del centro comercial de la isla en el que estuvo la pareja, con la niña, la tarde en la que la bebé empezó a encontrarse mal.