Doña Cristina tendrá que rendir cuentas ante el juez.
Parece que la séptima remesa de correos electrónicos que Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin en el instituto Nóos, ha hecho llegar al juez instructor, José Castro, ha sido determinante para que el magistrado haya tomado la decisión de imputar a la infanta Cristina.
La segunda de las hijas de don Juan Carlos y doña Sofía tendrá que sentarse en el banquillo. Lo hará el próximo sábado 27 de abril, a las 10 de la mañana, en los juzgados de Palma de Mallorca, donde, según ha informado hoy el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, tendrá que declarar como imputada por el presunto desvío de más de seis millones de euros de fondos públicos al Instituto Nóos. Una causa en el que su esposo, Iñaki Urdangarin, está imputado desde diciembre de 2011 y por la que ya ha declarado ante el juez en dos ocasiones.
Hasta hoy, ni la fiscalía ni el juez José Castro habían creído oportuno imputar a la infanta, ya que aunque la hija del Rey formaba parte de la junta directiva del Instituo Nóos, no se había demostrado que hubiese participado en la toma de decisiones de esta institución. Pero parece que la séptima remesa de correos con los que desde hace un año Diego Torres, también imputado, intenta demostrar que doña Cristina ha estado siempre al corriente de los negocios de Nóos, han convencido al magistrado. Unos correos que el abogado de Iñaki intentó sin éxito que fueran apartados de la causa. El juez Castro desestimaba ayer mismo esta petición y hoy imputa a la infanta.
Por el momento ni doña Cristina ni Iñaki, ni el abogado de este, ha hecho declaración alguna sobre esta repentina imputación. Sí lo ha hecho un portavoz de la Casa del Rey, en un breve comunicado emitido en la tarde de ayer, horas después de asegurar: “No comentamos decisiones judiciales”.
En dicho comunicado emitido por la casa real se exponía que:
Cabe añadir que la Fiscalía Anticorrupción había anunciado horas antes que recurrirá el auto ante la Audiencia Provincial por no ser los indicios de "entidad suficiente". De este modo, la citación de la infanta no es firme y podría aplazarse, suspenderse o revocarse.